LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA II REPÚBLICA Y LA REACCIÓN CATÓLICA (II)

De sobra es conocido nuestro interés en el Magisterio, al igual que impresionante la represión que sufrió, de hecho en este blog hemos publicado diversos artículos: EL MAGISTERIO EN LAS MERINDADES

Publicamos en 3 capítulos una parte del trabajo del historiador Luis Castro para la introducción de un libro sobre la depuración del magisterio en Soria escrito por Antonio Hernández García, uno de los pioneros en el estudio de la represión franquista.

LA DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO EN EL FRANQUISMO.
ANTECEDENTES POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS

I. LA LARGA MARCHA DE LA ESCUELA PÚBLICA ESPAÑOLA
II. LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA II REPÚBLICA Y LA REACCIÓN CATÓLICA
III. LA DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO REPUBLICANO Y LA ESCUELA DEL NUEVO ESTADO

No dudamos que va a ser de vuestro interés.

II. LA POLÍTICA EDUCATIVA DE LA II REPÚBLICA Y LA REACCIÓN CATÓLICA

En 1931 el gobierno provisional de la II República se encuentra con un tercio de la población española analfabeta, como mínimo. Algo que afectaba más a las zonas rurales que a las urbanas, a las mujeres más que a los hombres, a las clases populares más que a las medias y más a unas provincias que a otras. (Así, por ejemplo, Soria, Salamanca o León presumían de una tasa de tasa de analfabetismo relativamente baja). Por otro lado, como consecuencia de la tradicional cogestión Iglesia-Estado, casi la mitad de las plazas escolares en primaria estaba controlada por la Iglesia, así como dos tercios o más de las de secundaria. (Ese predominio de las escuelas privadas era aún mayor en las capitales de provincia, incluyendo Madrid. En 1926 había solo 61 institutos públicos de bachillerato en toda España y, en el conjunto de la secundaria, menos de 70.000 alumnos.)

Para mejorar esta situación, ya la Dictadura de Primo de Rivera había impulsado la dotación de escuelas y la mejora de los sueldos de los maestros. Pero el impulso republicano no tiene parangón: si entre 1901-1923 se habían habilitado 5.563 escuelas y casi 4.000 entre 1924-1929, ahora se plantea el objetivo de 7.000 en el primer año, que se cumplió, y otras 5.000 anuales en el siguiente cuatrienio. Paralelamente se aumentan las plantillas, se mejora el nivel salarial de los docentes y se dan pautas concretas para que las aulas tengan unas condiciones mínimas de uso: aireación y luminosidad, equipo escolar, espacio, etc.

Pero la problemática educativa no se limitaba a cuestiones de presupuesto o políticas. Se trataba también de modernizar los métodos y contenidos de la enseñanza, abriéndolos a las corrientes científicas y técnicas occidentales, y de promocionar la cultura en las zonas rurales. Como un obstáculo se veía en ese ámbito la existencia de esa amplia red de centros docentes gestionados por congregaciones religiosas (jesuitas, salesianos, escolapios, etc.), reacias a la intervención del gobierno y donde predominaba un estilo pedagógico dogmático, disciplinario y escasamente sensible a las “ideas modernas”.
En la tesitura de 1931, el largo debate anterior deja claros los términos antinómicos en torno a la política educativa: laicismo frente a los principios del nacional-catolicismo; coeducación frente a la separación de niños y niñas (y, a ser posible, de profesores y profesoras, con la excepción del de religión, que había de ser un clérigo); modernización de métodos y contenidos pedagógicos frente al memorismo y el autoritarismo tradicionales; promoción cultural y escuela unificada, en fin, (esto es, potenciadora de la promoción educativa en los distintos niveles), frente al elitismo.

Para aplicar esa política, el gobierno republicano-socialista del primer bienio (1931-1933) va a plantear la eliminación progresiva de esa presencia religiosa en el ámbito educativo a medida que se fuera desarrollando el sistema público, tal como establecían los artículos 26 y 27 de la Constitución. En la práctica, esta medida, junto con otras (eliminación de las asignacionesde culto y clero, matrimonio civil y divorcio, secularización de cementerios) significaba la ruptura radical del compromiso secular expresado en el Concordato. Y todo ello fue casus belli inmediato para los partidos derechistas y la jerarquía católica, resultando un aspecto esencial en la lucha ideológica y política, quizá el más conflictivo de esa etapa, junto con la cuestión agraria. (Uno y otro problema eran percibidos por las oligarquías dominantes como algo íntimamente relacionado: si la reforma agraria erapara ellas un ataque a las bases de su poder económico, la implantación de la escuela pública y laica suponía una amenaza directa a su dominación ideológica.)

Una vez que –ya en el verano de 1931– se anuncian las tendencias que van a inspirar la nueva constitución republicana, la respuesta de la jerarquía eclesiástica es contundente; recordando doctrina de León XIII se sostiene que “en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder la libertad de prensa, de enseñar, de escribir y de cultos, como si estas facultades fuesen un derecho concedido al hombre por la naturaleza. Porque si la naturaleza hubiera otorgado al hombre estas libertades, existiría el derecho a sustraerse a la soberanía de Dios y no habría ley capaz de regular la libertad humana”. (De la pastoral colectiva de 25 de julio de 1931, que iba encabezada por la firma del cardenalSegura, aunque este había sido expulsado de España a mediados de junio). Aprobada la Constitución, el tono de los voceros de la iglesia católica adquiere tintes apocalípticos. Así, por ejemplo, el obispo de Salamanca, en una circular de febrero de 1932, invoca a “la Patria, cuya disolución vemos clarísima para dentro de muy poco”. (Boletín Oficial del Obispado de Salamanca, nº 2 de 1932).

Junto a la reafirmación de principios y dogmas, la opinión pública católica recurre de inmediato a la movilización social y política para obstaculizar y dar marcha atrás a la política secularizadora delBienio Reformista. Así, los partidos de derechas (CEDA, agrarios, carlistas) lanzan la campaña revisionista, con la que trataban de reformar la Constitución en los artículos amenazadores de la Religión, la Familia, la Propiedad y la unidad de la Patria (léase política educativa, matrimonio civil, reforma agraria y autonomías). Por otra parte, organizaciones como Acción Católica, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), los sindicatos católicos agrarios y otras alientan pronunciamientos y movilizaciones de todo tipo encaminadas a contrarrestar el empuje reformista del gobierno. Entre esas iniciativas,por lo que se refiere a la enseñanza, están, por ejemplo, las colectas de dinero para el mantenimiento del clero (el “óbolo”), la habilitación de escuelas parroquiales que impartieran la doctrina católica no permitida en los centros públicos o la creación del Centro de Estudios Universitarios (CEU) por parte de la ACNP con el fin de afianzar la presencia de la Iglesia en la educación superior. Por su parte, la Confederación Católica de Padres de Familia crea la Sociedad anónima de enseñanza libre (SADEL) con el fin de dar cobertura legal a la permanencia de las escuelas privadas. Su gerente era el diputado tradicionalista Romualdo de Toledo, futuro director general de enseñanza primaria en el ministerio de Sainz Rodríguez.

Fruto, en buena medida, de esa movilización de los sectores católicos organizados fue el giro político dado por las elecciones de noviembre de 1933, con la victoria de los partidos de centro-derecha. A consecuencia de ella se bloqueó la aplicación de la ley de Congregaciones religiosas, como casi todo el programa reformista del primer bienio. Gracias a esto y a otras circunstancias, se puede decir que fueron muy pocas, si es que hubo alguna, las escuelas católicas que cerraron durante la II República.

Algunos autores señalan lo desacertado de la política laicista del republicanismo, que se planteaba como algo perentorio, sin transacción alguna ni consideración acerca de su lesividad para las conciencias y costumbres de un amplio sector de la sociedad española. Visto a posteriori, parece claro que, como reconoce Azaña en algún momento, los conflictos entre la Iglesia y el Estado republicano fueron un ingrediente causal decisivo en el levantamiento de las derechas y en su preparación del golpe militar. Seguramente hay buena parte de razón en este enfoque, pero también hay que señalar la enorme dificultad que los gobiernos republicanos tenían para plantear el asunto desde posturas más moderadas, dada la mentalidad laica preponderante entre ciertos sectores y la intransigencia de la propia jerarquía católica.

Obsérvese que la actitud de esta en ese contexto histórico no es propiamente antirrepublicana, que lo es, ni siquiera antiliberal, sino que remonta sus postulados ideológicos al Antiguo Régimen y, obviamente, a las propias Sagradas Escrituras. Principios antitéticos respecto del Estado nacional moderno, que desde el s. XV tiende a extender su campo de acción y dominio sobre todos los grupos sociales e instituciones, incluida por supuesto la Iglesia, cuyos privilegios y riquezas tiende a limitar o suprimir y a la que busca regular influyendo en el nombramiento de sus jerarquías (galicanismo, regalismo).Así, por ejemplo, la Declaración del episcopado de mayo de 1933 con motivo de la ley de congregaciones religiosas se habla de la iglesia como “sociedad perfecta y absolutamente suprema en su esfera propia”, lo que nos remite a la querella de las investiduras de los siglos XI-XII y al posterior debate sobre las potestades respectivas del Estado y de la Iglesia y sobre la supremacía política.

Más allá de cuestiones políticas, el problema era gravísimo para la jerarquía católica, que venía observando con preocupación desde el siglo anterior los avances de la mentalidad laicista (lo que llamaba la “apostasía religiosa”) sobre todo entre ciertas clases medias y trabajadoras y en zonas urbanas. Ello se manifestaba en fenómenos como el absentismo creciente en los rituales religiosos, la rápida disminución de las vocaciones sacerdotales o, en forma extrema, el anticlericalismo. Si la república se consolidaba, era de temer a medio plazo, si no antes, una situación irreversible que llevaría al catolicismo a la marginalidad en términos sociales y de influencia ideológica, tal como lo analizaba el jesuita Francisco Peiró en su libro El problema religioso-social de España(1936). En él veía la influencia de las propagandas revolucionarias y de la masonería, “núcleo donde han cristalizado todos los elementos más anticatólicos del país” como principal agente del ambiente materialista y secular. Se trataba, pues, de iniciar la “reconquista” y “recatolización” del pueblo español para establecer ese “Reinado de Cristo” que se venía promocionando desde el Vaticano en los últimos años.

Con este trasfondo, iba ganando terreno la actitud intransigente de aquellos que, como Castro Albarrán, canónigo de la catedral de Salamanca, empiezan a concebir el levantamiento en armas contra “el régimen intruso y oprobioso” de la república como algo legítimo, basándose en postulados sacados del tomismo, doctrina entonces imperante en los seminarios. Por asociación de ideas, la reconquista espiritual no queda lejos de la idea de cruzada, que ya empieza a tener curso en la citada campaña revisionista de finales de 1931. Así la presentaba Gil Robles a finales de octubre de 1931: “la que empieza no es una cruzada antirrepublicana, sino anticonstitucional”. El diputado agrario Alonso de Armiño, por su parte, en el mítinrevisionista del 9 de noviembre en Palencia, llamaba a repetir la “cruzada de fe” iniciada en Covadonga, “en defensa de la sociedad y de la Religión”. Por su parte lasa asociaciones católicas crean en 1933 la fundación “Cruzados de la enseñanza” para crear escuelas privadas en laprovincia de Madrid; su fin confesado era “reconquistar la enseñanza”.

No está de más señalar, de paso, que cuando Albarrán publica el primer avance de su “Derecho a la rebeldía”, en 1933, lo hace en la revista Acción Española, que desde su aparición a finales de 1931 venía llevando el estandarte antirrepublicano con adalides ideológicos de lo más granado del monarquismo católico, tanto alfonsino como carlista, y del incipiente fascismo español. Un frente que reúne a figuras como Maeztu –director de la revista–, Calvo Sotelo, Víctor Pradera, Vegas Latapié, Giménez Caballero y otros, entre los que se cuentan algunos de los que tendrán vara alta para redefinir la política educativa en el Nuevo Estado franquista: hablamos de individuos como José Mª Pemán, José Pemartín o Pedro Sáinz Rodríguez, quien prologará el libelo de Albarrán en su edición de 1934. Todos ellos compartían un rechazo radical a la república y pronto iban a prepararse para que la “Cruzada” fuera algo más que un recurso retórico en mítines y panfletos.

Escuela de Quintanilla de Sotoscueva